Señor
Presidente del
Bloque del Partido Unión Cívica Radical
H. Cámara de Diputados de la Nación
DIP. HORACIO PERNASETTI
S-------------------/----------------------D
De nuestra mayor consideración:
Tenemos
el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de informarle al bloque que
Ud. preside la posición de la entidad respecto al Proyecto de
"Determinación de oficio de los recursos de la seguridad
social-Presunciones" expediente PE-60 del 04/10/2004 y que, según
medios periodísticos será tratado próximamente
en el recinto.
A
modo introductorio queremos reiterarle nuestra oposición a la
tendencia demostrada a través del dictado de las últimas
normas consistente en darle mayores facultades a los organismos de recaudación
en desmedro de los derechos de los contribuyentes. Más aún,
cuando esas facultades avasallan derechos constitucionales.
El
proyecto de referencia otorga facultades a la AFIP que son propias del
poder judicial y además viola el principio de presunción
de inocencia consagrado por nuestra Constitución y los Tratados
Internacionales incorporados a la misma tal como lo prescribe el Artículo
XXVI de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (Conferencia
Internacional Americana Bogotá Colombia 1948): "Se presume
que todo acusado es inocente mientras no se pruebe lo contrario"
. Por otra parte la inversión de la carga de la prueba, que también
se consagra en el proyecto es violatorio del Derecho de Justicia consagrado
por el Artículo XVIII del mismo tratado.
Con
mayor contundencia podemos afirmar que el proyecto considerado en su
totalidad es absolutamente violatorio del Artículo 8 sobre Garantías
Judiciales del Pacto de San José de Costa Rica, donde claramente
se refiere a la garantía juicio imparcial y de presunción
de inocencia para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral y fiscal.
Lo
versado en los artículos 2do. al 7mo., respecto a que un funcionario
de la Afip, ante algunos "subjetivos" parámetros (hechos
o circunstancias ciertas y/o indicios comprobados) podrá establecer
"de oficio" la materia imponible y determinar así aportes
y contribuciones que "teóricamente" el contribuyente
empleador debería haber depositado consagra una trasgresión
a la Constitución Nacional ya que invierte la carga de la prueba
y deja en manos del contribuyente la opción de probar lo contrario,
es decir, que lo que calculó un funcionario de Afip es incorrecto.
Para
esto, se deberá munir de las pruebas suficientes y del asesoramiento
de un profesional especializado, ya que, el procedimiento tributario
es una materia que no todos los contadores son expertos. Indudablemente
que el proyecto en cuestión perjudica a la Pyme ya que no cuenta
con los medios necesarios para contratar asesores especializados.
Esperando sepan atender estas inquietudes y quedando a disposición
por cualquier aclaración, le saluda atte.
