El
Gobierno promulgó la ley que obliga a los bancos de datos destinados
a prestar servicios de información crediticia a quitar de sus
bases los datos de las personas que entraron en mora entre el 1º
de enero de 2000 y el 10 de diciembre de 2003. Así fue dispuesto
a través de la ley 26.343, que se promulgó hoy tras su
publicación en el Boletín Oficial. Esa norma legal modificó
la Ley de Protección de los Datos Personales.
A
través de esta medida, "los bancos de datos destinados
a prestar servicios de información crediticia deberán
eliminar y omitir el asiento en el futuro de todo dato referido a obligaciones
y calificaciones asociadas de las personas físicas y jurídicas
cuyas obligaciones comerciales se hubieran constituido en mora".
Esto
abarca -según la ley- a quienes "cuyas obligaciones financieras
hubieran sido clasificadas con categoría 2, 3, 4 ó 5,
según normativas del Banco Central, en ambos casos durante el
período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 10 de diciembre
de 2003, siempre y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o
regularizadas al momento de entrada en vigencia de esta ley o lo sean
dentro de los 180 días posteriores". También
están incluidos en las disposiciones de la reforma a la Ley los
deudores que hayan efectuado la suscripción de un plan de
pagos o la homologación del acuerdo preventivo o del acuerdo
preventivo extrajudicial.
Dada
su importancia, adjuntamos el texto de la reforma de la Ley.
B.O. 09/01/08
PROTECCION
DE LOS DATOS PERSONALES
Ley
26.343 - Ley Nº 25.326. Modificación.
El
Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO
1º - Incorpórese como artículo 47 de la Ley 25.326
a la siguiente redacción:
Artículo
47: Los bancos de datos destinados a prestar servicios de información
crediticia deberán eliminar y omitir el asiento en el futuro
de todo dato referido a obligaciones y calificaciones asociadas de las
personas físicas y jurídicas cuyas obligaciones comerciales
se hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones financieras hubieran
sido clasificadas con categoría 2, 3, 4 ó 5, según
normativas del Banco Central de la República Argentina, en ambos
casos durante el período comprendido entre el 1º de enero
del año 2000 y el 10 de diciembre de 2003, siempre y cuando esas
deudas hubieran sido canceladas o regularizadas al momento de entrada
en vigencia de la presente ley o lo sean dentro de los 180 días
posteriores a la misma.
La
suscripción de un plan de pagos por parte del deudor, o la homologación
del acuerdo preventivo o del acuerdo preventivo extrajudicial importará
la regularización de la deuda, a los fines de esta ley.
El
Banco Central de la República Argentina establecerá los
mecanismos que deben cumplir las Entidades Financieras para informar
a dicho organismo los datos necesarios para la determinación
de los casos encuadrados. Una vez obtenida dicha información,
el Banco Central de la República Argentina implementará
las medidas necesarias para asegurar que todos aquellos que consultan
los datos de su Central de Deudores sean informados de la procedencia
e implicancias de lo aquí dispuesto.
Toda
persona que considerase que sus obligaciones canceladas o regularizadas
están incluidas en lo prescripto en el presente artículo
puede hacer uso de los derechos de acceso, rectificación y actualización
en relación con lo establecido.
Sin
perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, el acreedor
debe comunicar a todo archivo, registro o banco de datos al que hubiera
cedido datos referentes al incumplimiento de la obligación original,
su cancelación o regularización.
ARTICULO
2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA
EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
DOCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.
REGISTRADA BAJO EL Nº 26.343
EDUARDO
A. FELLNER. JULIO C. C. COBOS. Enrique Hidalgo. Juan H. Estrada.
